Una médica del Hospital Fernández denunció a la policía a una joven que se había ido a atender tras realizarse un aborto. El secreto profesional, la política del macrismo y los derechos de las mujeres.
El hecho sucedió a fines de junio pero recién el pasado lunes se dio a conocer, tras una nota que publicó Página 12. Una mujer de 28 años –de quien no trascendió su identidad para resguardarla- acudió al Hospital Fernández, en el barrio porteño de Recoleta, con un aborto en curso.
Horas y maltratos después, fue denunciada a la policía por una de las médicas que la había atendido, Rosana Elizabeth Buffa, del área de Obstetricia. Agentes policiales la detuvieron y trasladaron hasta la comisaría 53, donde permaneció detenida por diez horas, cuando aún se encontraba con pérdidas producto de la intervención. Durante más de un mes fue sometida a un proceso penal, del que finalmente fue sobreseída -según narró Raquel Asensio, de la Defensoría General de la Nación (DGN)- porque la causa estaba basada en un ilícito que era “la denuncia realizada por los profesionales de la salud, ya que estas situaciones deben quedar amparadas bajo el secreto médico”.
Según afirmaron desde la Defensoría, la mujer contó que las médicas que la atendieron la condenaron verbalmente y que, como castigo, le habían indicado una dosis menor de anestesia, lo que luego fue reparado por la enfermera encargada.
“Más allá de lo penal, se vulneraron numerosos derechos de esta joven”, afirmó Asensio. Según la interpretación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y de la Corte Interamericana por los Derechos Humanos (CIDH), existe una obligación por parte de los médicos de resguardar el secreto profesional “por todas aquellas conductas que podrían tener un origen delictivo y tuvieron conocimiento de ese hecho en el marco de la atención sanitaria”. “Lo que se procura en estos casos es resguardar el derecho a la vida y la salud de las personas y no colocarla en el dilema de tener que decidir entre resguardar su vida o su libertad”, describió la abogada de la DGN.
Otra vez el macrismo contra las mujeres
Otro punto escandaloso -como si a los sucesos les faltara gravedad- es que en la nota escrita por Mariana Carbajal, se consigna que desde el ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires afirmaron que “los médicos están obligados a realizar la intervención policial” ante “la presunción o evidencia de maniobras abortivas”, por indicación “de la Dirección General Legal y Técnica”.
Elsa Schvartzman, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, calificó la postura del gobierno porteño como “gravísima”. Afirmó también, en diálogo con Radio Sur, que “es indispensable que haya una sanción a los funcionarios públicos para poder terminar con la impunidad, con los dobles discursos y con la hipocresía”.
“Si se aprueba un proyecto de ley de despenalización y legalización del aborto en Argentina existiría una normativa clara, inapelable, sin discusión”, declaró Schvartzman. “De todas maneras no terminaría ahí el problema, habría que seguir trabajando, capacitando para que el cambio cultural, de paradigma y de respeto de los derechos humanos sea efectivo”, agregó.
Raquel Asensio contó que van a tomar medidas institucionales ya que la joven no había presentado ninguna denuncia ni civil ni penal. Desde la DGN elevaron un dictamen notificando de la situación al director del Hospital Fernández, a la ministra de Salud porteña Graciela Reybaud, a la Cámara del Crimen y a la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema.
“Es importantísimo que se conozca lo que pasó y se difunda”, afirmó Schvartzman. Según la integrante de la Campaña por el Derecho al Aborto, “el empoderamiento de las mujeres, conocer nuestros derechos y exigirlos va a hacer que esto se vaya modificando, aún con la lentitud que los poderes que se rigen por otras características nos están obligando”.
Escrache feminista
Este jueves, decenas de organizaciones del movimiento de mujeres y feminista, entre ellas la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, realizarán un escrache en el Hospital Fernández al cuerpo médico –especialmente a la Dra. Buffa- y denunciarán la falta de compromiso con el secreto médico y el cuidado integral de las mujeres que acceden al sistema de salud.
Elsa Schvartzman concluyó: “Se le está negando la posibilidad a las mujeres que, en el caso de necesitarlo, ante este temor y ante esta violación de los derechos, no concurran a los hospitales, con lo cual pueden perder la vida”.
Por Julia de Titto
Fuente: CTA Género
