«Al regresar después de trabajar durante décadas en las provincias más pobres del norte argentino, no se pueden entender las inequidades que en materia de atención sanitaria persisten desde hace años en Córdoba, una de las jurisdicciones con más recursos del país.»
Alicia Torres; Magister en Políticas Sociales. Co-autora de los libros «De la Quijotesca historia de un gremio salteño» junto a María Lapasset y Cristina Nesrala y “¿Por qué callan si nacen gritando» con Tomás Torres Aliaga. Ex dirigente de APSADES-CTA de Salta
Habiendo transitado en su universidad en tiempos del “Cordobazo” y admirado a muchos de sus heroicos sindicalistas; en la cuna de tantos doctores y después de años de gobiernos “justicialistas”, es difícil explicar por qué sus pobladores más aislados y necesitados son quienes tienen las peores condiciones y recursos para acceder a la atención de las enfermedades.
Coincidiendo con las políticas neoliberales de la década del ’90, el gobierno del doctor De la Sota impulsó leyes que son el origen de graves desigualdades que perduran hoy. Comenzó por cambiar los principios constitucionales y reducir la responsabilidad de los gobiernos en la asistencia sanitaria, únicamente sobre aquellos que no tienen seguridad social. Y las completó transfiriendo a los municipios los servicios sanitarios de primer nivel (o baja complejidad, como dispensarios y centros de salud sin internación).
Este proceso de descentralización sin los dispositivos que aseguraran la cantidad y calidad de los recursos necesarios, condenó a ser ciudadanos de segunda a los pobladores y trabajadores del interior provincial.
Dichas políticas fueron sostenidas durante décadas por sucesivos gobiernos justicialistas, aún en tiempos de mayor bonanza económica o cuando se afirmaba la recuperación del rol del estado; con lo cual se han cristalizado condiciones discriminatorias tanto para la población (por las desiguales posibilidades de acceso para la atención sanitaria), como para los trabajadores (por la persistencia de su situación de precariedad laboral).
En la actualidad, en la mayoría de las comunas del interior, un promedio del 80% del personal de salud llevan años en condiciones semi-feudales por su dependencia no de leyes, sino de la voluntad de personas. Eso incluye a todo tipo de profesionales, enfermeros y agentes sanitarios tanto becarios de programas nacionales (ex Programa de Médicos Comunitarios entre otros), como mono-tributistas con una antigüedad que va desde 2 a 20 años en esa condición.
Centros sanitarios que funcionan pocas horas o pocos días de la semana, con la mayoría de su personal sin formal designación -generalmente ni siquiera contratos-, cobrando salarios en negro y significativamente menores que el mismo personal de los hospitales provinciales. Todos ellos sin posibilidades de formar equipos o acceder a una carrera administrativa, sin derecho a licencias, obra social o jubilación.
Trabajadores excluidos de convenios colectivos y de reclamos o acciones gremiales, totalmente supeditados a las posibilidades o criterios arbitrarios de los jefes comunales. En los pocos y excepcionales casos, donde se han logrado después de largos y costosos procesos judiciales sentencias reparadoras, pasan años sin conseguir que las mismas sean ejecutadas.
Vale recordar que la población del interior es la que por distancias tiene menos acceso a las prestaciones de obras sociales y encuentra más barreras económicas y administrativas para conseguir turnos o ser asistida en los hospitales. Para la mayor parte de ella son los dispensarios municipales la primera o única alternativa para una asistencia oportuna y de calidad de sus dolencias.
Que estos servicios funcionen con menos recursos o peores condiciones, más allá de violar normas constitucionales y constituir una grave falta de sus gobernantes, asegura la reproducción de las desigualdades sociales en la provincia.
Los principios y normativas de salud pública recomendada por cualquier buen sanitarista, comprobadas como la organización más racional en costos y con mejores resultados, exigen un buen funcionamiento de los servicios de primer nivel. Por ser los que están más cerca de donde vive y trabaja la población, y tener la mejor posibilidad y oportunidad de ejecutar las acciones de promoción de la salud, prevención, detección y asistencia precoz de las enfermedades de toda la familia.
Sin duda ellos no bastan y requieren además, de buenos sistemas de referencia y acceso a otros niveles de complejidad (cuestiones también muy deficientes en esta provincia). Pero somos testigos calificados para afirmar que en provincias con muchos menos recursos, cuando esos dispensarios funcionan todo el día, con equipos de salud sin necesidad de especialistas ni gran tecnología, pueden resolver la mayoría de las enfermedades más frecuentes y asegurar accesibilidad a las demás prestaciones. Con muy buenos resultados, gran aceptación de la población y demandando una racional inversión.
La opinión pública asiste hoy a movilizaciones de empleados provinciales reclamando por su sistema jubilatorio. Hemos escuchado por años sobre las demandas del gobierno provincial hacia la nación, culpándola por su déficit.
Sin embargo naturalizando las injusticias anteriores, pocos señalan que la principal estafa a la caja previsional cordobesa, es responsabilidad de los gobernantes locales que aceptan y sostienen por décadas, la ausencia de aportes de la mayoría de los trabajadores municipales del interior.
