La Plata | En la morgue se adulteraron certificados de defunción

El juez Arias dio una conferencia de prensa en Periodismo

«El número de víctimas fatales es 89, pero hay 16 casos dudosos sobre los que se requieren nuevas pruebas»
El miércoles 26, faltando solo una semana para el cumplimiento del primer aniversario de las trágicas inundaciones que azotaron La Plata y partes de Berisso, Ensenada y localidades del conurbano bonaerense, el juez en lo Contencioso Administrativo del departamento judicial La Plata, Luis Federico Arias, brindó una conferencia de prensa, desde las 13 en la sede Presidente Néstor Carlos Kirchner de la Facultad de Periodismo, con el objeto de explicar a la sociedad los alcances de la causa judicial mediante la cual el magistrado detectó diversas irregularidades, adulteraciones, omisiones y ocultamientos sobre datos personales, registros públicos, estadísticas y documentos oficiales, que en conjunto provocaron el cercenamiento del derecho a la verdad colectiva con respecto a las muertes producidas durante y después del fenómeno climatológico.

“El número de víctimas fatales es 89. Tenemos también 16 casos que son dudosos, sobre los cuales no se ha podido comprobar si fueron víctimas de las inundaciones por carencia de pruebas, por lo que más adelante la cifra de 89 muertes puede ser mayor aún en función de las pruebas que se puedan producir. Es decir, esto es lo que se pudo comprobar hasta ahora pero no es definitivo”, explicó el magistrado.

Acerca del carácter de la causa tramitada ante su juzgado, Arias señaló que desde el fuero contencioso administrativo no se ventilan responsabilidades penales ni patrimoniales, por lo que el sentido de la sentencia es el de un reconocimiento colectivo sobre lo ocurrido, especialmente destinado a los familiares de las víctimas para que se las reconozca como tales y que la sociedad conozca realmente qué es lo que sucedió durante aquellas jornadas.

La causa, recordó Arias, fue iniciada a raíz de una acción de habeas data presentada ante su juzgado por el Defensor del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Julián Axat. Ese pedido de información pública y oficial tenía como objeto indagar acerca de posibles fallecimientos de menores de edad durante las inundaciones. A la acción de Axat, luego, se le sumaron otros actores sociales con pedidos similares, resultando unificados en la causa sobre la que Arias acaba de dictar sentencia.

“Nosotros hemos tenido tres hipótesis principales de indagación de acuerdo a cómo las partes han ido interponiendo la demanda: en primer lugar, las víctimas que fueron ingresadas al Registro de las Personas pero que podrían no haber sido computadas como víctimas fatales de la inundación por la adulteración de los datos; en segundo lugar, las víctimas que, por permanecer todavía sus cuerpos en la morgue, no hubieran sido incorporadas al Registro de las Personas; y en tercer lugar, una perplejidad: todos los cuerpos fueron hallados en un domicilio, en la vía pública o en algún lugar específico de la ciudad, pero no se detectaron cuerpos en los arroyos, algo que fue señalado por muchos testigos después de aquellas jornadas”, afirmó Arias.

También enfatizó que “nos hemos sorprendido con la inmensa cantidad de irregularidades que encontramos durante el trámite de esta causa, no solo en el Registro de las Personas, sino también en la actuación de la Policía bonaerense y en el Poder Judicial”.

“Toda esta cuestión se podría haber evitado si las cosas se hubieran hecho correctamente. De acuerdo a la ley que regula el Registro de las Personas, se debía haber alertado a las autoridades sanitarias para que toda victima que pueda tener alguna vinculación con la inundación fuera judicializada. Siempre que una muerte es traumática tiene que haber una causa judicial y se tiene que hacer una autopsia para determinar la causal de muerte. Esto no ocurrió. Por el contrario, el titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) 5, Condomí Alcorta, delegó su potestad investigativa y la puso en manos de la Policía de la provincia Buenos Aires”, agregó.

Las revelaciones de Arias desvelan las prácticas policiales en torno a las víctimas fatales: “De acuerdo a los testimonios que nosotros hemos recogido en el expediente y también en sede penal, la Policía instruía a los familiares de víctimas para que llevaran los cuerpos a una funeraria privada. Es más, les decían a qué funeraria. Finalmente, se ponía una causa de muerte totalmente ajena a la de la inundación. La víctima no pasaba por el circuito judicial y por lo tanto no había manera de que fuera examinado el cuerpo en una morgue por peritos especializados. Pero además, la propia morgue policial adulteraba, a través de sus médicos forenses, los certificados de defunción, algo que ha quedado comprobado en la investigación”.

Llegado a ese punto, el juez Arias señaló a uno de los que asistieron a la conferencia, el hijo de un hombre fallecido por ahogamiento durante la inundación. En el certificado de defunción se había señalado como “fallecimiento por un carcinoma hepático”, motivo por el cual no fue incorporado al listado oficial de las víctimas.

La adulteración de los datos consignados en la morgue policial, increíblemente, se condicen con los relatos de víctimas y familiares de víctimas de la represión de la última dictadura en La Plata. En este sentido, en el juicio de lesa humanidad conocido como La Cacha que lleva adelante el tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de La Plata se han producido diversos testimonios coincidentes (el más importante fue el de Adelina Dematti por los documentos que aportó) relativos a la adulteración de certificados de defunción que terminaron con centenares de tumbas NN en el cementerio de La Plata.

Al hablar del Poder Ejecutivo bonaerense, el juez Arias señaló que si bien al momento de publicar las cifras sobre víctimas fatales no podían haber sido comprobadas las muertes ocurridas con posterioridad (personas que habían sufrido hipotermia, ahogamiento y padecimientos y enfermedades derivados de la inundación), nunca debió haber sido cerrada la posibilidad de que pudieran haber existido más víctimas: “Como eso no ocurrió, una gran cantidad de fallecimientos no pudieron ser comprobados”.

El magistrado también fue consultado acerca de las responsabilidades de las autoridades policiales de la morgue que no lo dejaron ingresar para verificar las identidades y cantidad de cuerpos allí destinados. Respondió Arias: “Todo aquel que desobedece una orden judicial, comete un delito. Y en este caso, al comisario Vázquez, quien dio la orden de no permitir nuestro ingreso a la morgue, se le hizo una denuncia penal y fue una de las pocas causas que avanzó rápidamente en la justicia penal. ¿Para condenarlo? No, para absolverlo. Fue inmediatamente absuelto por el juez Melazo. Pero Vázquez, titular de Superintendencia de Policía Científica, al igual que el Comisario Carlos Jaime que es el titular de la delegación de La Plata, tienen gran parte de la responsabilidad de lo que aquí ha sucedido en el manejo de la morgue policial”.

Valoró la participación de los familiares en el avance de la causa ya que, a diferencia del fuero penal, la justicia en lo contencioso administrativo (que juzga las contiendas ante el estado) actúa a petición de parte. Al respecto, destacó que el compromiso de los familiares de las víctimas llevó a la comprobación de muchos de los casos que no habían sido considerados en las cifras oficiales del Poder Ejecutivo.

Acerca de la morgue policial, relató una circunstancia que refleja el nivel de manipulación de los registros y las identidades de los fallecidos durante las inundaciones de abril de 2013: “Nosotros solicitamos una pericia a la Asesoría Pericial del Poder Judicial sobre la morgue y los cuerpos que allí había depositados para determinar si quedaba alguno que hubiera sido ingresado en la fecha de las inundaciones. La pericia resultó negativa. Sin embargo, tomamos conocimiento de un caso donde había dos sepulturas con la misma identidad: Raúl Jaime Islas”.

“Esas dos tumbas fueron la punta del ovillo mediante la cual, a pedido de parte, empezamos a solicitar información al cementerio de La Plata. Allí estaba inscripta dos veces el mismo nombre y, lo que es peor aún, dos veces ingresado al registro de las Personas. Lo que agravaba la situación esa que esa doble inscripción la había ordenado un fiscal: el titular de la UFI 3 de La Plata, Marcelo Martini. Ordenamos la exhumación y resultó que uno de los cuerpos correspondía a la identidad de Raúl Jaime Islas, pero el otro había sido enterrado en octubre de 2013 y no sabemos quién es, excepto que no es una víctima de la inundación. Frente a tanta irregularidad, hicimos la denuncia penal pero como debía ingresar a la UFI 3, cuyo titular estaba comprometido con lo ocurrido, nunca fue ingresada. Así está funcionando la morgue; así está funcionando gran parte de la justicia penal”, afirmó Arias.

La morgue policial está destinada, exclusivamente, a personas fallecidas por causas traumáticas sobre las que se debe realizar pericias e investigaciones judiciales. Al haber hallado las dos tumbas con la misma identidad, Arias ordenó una nueva pericia sobre la morgue pero para que fuera realizada por Gendarmería, cuyos efectivos estuvieron en el lugar durante 24 horas examinando los cuerpos: “Encontraron 70 cuerpos, muchos de ellos sin vincular a causas penales… No sabemos quiénes son y no quiero dar detalles porque no me parece prudente pero realmente era un escenario macabro”, señaló sobre el reciente descubrimiento.

La conferencia de Arias duró más de una hora y de ella participaron más de 50 periodistas además de estudiantes, docentes y autoridades de la Facultad. Estuvo presente el defensor del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil Julián Axat y Familiares de Víctimas de la Inundación.

El magistrado cerró: “Aspiro a que ésta sentencia ayude a tomar consciencia de cómo está la situación y eventualmente se puedan cambiar algunas cosas. Acá no venimos a ponerle la soga al cuello a nadie. Ahora, en la medida en que los damnificados por este tipo de hechos se puedan presentar como tales y exigir medidas de prueba, creo que esto va a condicionar y mucho a la justicia penal para que asuma y lleve adelante las acciones penales correspondientes”.

Fuente: http://www.perio.unlp.edu.ar/node/4047